Y la sociedad pasa a la acción…

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Vehículos, a la entrada al Peñón, en una imagen reciente. Foto: Infogibraltar/Marcos Moreno
Vehículos, a la entrada al Peñón, en una imagen reciente. Foto: Infogibraltar/Marcos Moreno

María Jesús Corrales

GIBRALTAR-LA LÍNEA.- El Consejo Económico y Social de la Diputación de Cádiz servirá de modelo a los agentes sociales de Gibraltar y su Campo para crear un Consejo Económico y Social Transfronterizo, el primero conocido hasta ahora, con la finalidad de defender sus derechos como ciudadanos contra las colas en la Verja de Gibraltar y, una vez logrado esto, fomentar la cooperación económica y social entre las dos comunidades para “explotar el gran potencial que existe que ahora está desaprovechado”, según uno de los promotores de la idea, el exalcalde linense Juan Carmona.

Fue Ángel Serrano, secretario comarcal de UGT en el Campo de Gibraltar, quien propuso al Grupo Transfronterizo constituir una entidad jurídica pública vigente en Gibraltar y el Campo para aprovechar las importantes sinergias entre ambas comunidades. El abogado y exalcalde Juan Carmona quedó encargado de elevar una propuesta motivada, después de realizar las pertinentes consultas jurídicas, puesto que es la primera vez que se plantea este modelo, que debe compatibilizar las leyes españolas con las británicas, vigentes en Gibraltar. “No existe nada igual, por lo que tanto los abogados gibraltareños del Grupo como nosotros debemos analizar qué dicen nuestras legislaciones al respecto, así como la europea antes de constituirlo, ya que en España la ley no indica nada sobre el hecho de que pueda ser transfronterizo”, según Carmona.

El colectivo ha consultado a la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz (UCA) y, del lado gibraltareño, ha analizado la legislación. Incluso ha elaborado ya sus primeros trazos sobre cómo debe ser este Consejo. Según la información a la que ha accedido Empresas Imparables, “será un órgano colegiado de participación, con carácter consultivo” y se configurará como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia.

Debido a su carácter transfronterizo estará adscrito a la Subdelegación de la Junta de Andalucía en Algeciras y a una institución gibraltareña aún por determinar. La institución prevé “contactos, intercambios y colaboraciones con otros Consejos de igual o superior ámbito territorial” y sus funciones estarán encaminadas a servir de puente para la cooperación socioeconómica entre las comunidades de Gibraltar y su Campo.

En este sentido, según la información a la que ha tenido acceso Empresas, el Consejo Económico y Social Transfronterizo prevé constituirse como foro de diálogo y cauce de participación de los agentes económicos y sociales en el Campo de Gibraltar y el Peñón, así como de consulta y asesoramiento en materia económica y social. También tendrá la facultad de emitir informes sobre los asuntos que le sean solicitados por las instituciones en materia económica y social, o por propia iniciativa sobre cuestiones de interés para el desarrollo económico y social del territorio de Gibraltar y su Campo.

Por otro lado, impulsará la elaboración y ejecución de proyectos e iniciativas socioeconómicas orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social y ciudadana del Campo de Gibraltar y Gibraltar, especialmente en los temas que afecten al sector público local.

Además, elevará a los órganos municipales competentes las propuestas y conclusiones elaboradas; realizará actividades divulgativas, formativas, jornadas, encuentros, conferencias, congresos, concursos u otras relacionadas con sus funciones y se ocupará del seguimiento de las grandes actuaciones metropolitanas relacionadas con los temas económicos y sociales.

Sus informes serán de carácter consultivo y no vinculante y el plazo para desarrollarlos está fijado en un mes, aunque con la posibilidad de reducirlos o ampliarlos en función de la urgencia o la necesidad de recabar más información. Otra de las facultades que se prevé que pueda tener el Consejo Transfronterizo es solicitar de otras instituciones u organizaciones la información que estime necesaria. Y promover reuniones con la participación de personas cualificadas técnicamente o representativas de los distintos sectores económicos y sociales de la zona en la que actúe, para debatir cuestiones sobre las que haya de pronunciarse el Consejo.

Sobre la representación, aún no está definido quién ocupará los puestos de dicho órgano, pero sí parece claro que habrá cinco grupos representados: sindicatos; empresarios; corporaciones municipales “atendiendo a criterios de representatividad y pluralidad”; instituciones y entidades de carácter socioeconómico y participación ciudadana. En éste último apartado no están decididos los miembros que representarán los intereses de las dos comunidades, pero sí que serán nombrados por las organizaciones, asociaciones y organizaciones profesionales de la zona.

Los mandatos serán de cuatro años, renovables, y los órganos de trabajo del Consejo se estructurarán a partir de un pleno, que tomará las máximas decisiones; una comisión permanente; un presidente y varios vicepresidentes. En el aspecto técnico y administrativo, el Consejo contará con las comisiones de trabajo necesarias para desarrollar los informes oportunos y un responsable de secretaría.

En su reunión de finales de mayo, el Grupo Transfronterizo marcará el rumbo que va a tomar en los próximos meses y es muy probable que se determine ya el contenido efectivo del primer Consejo Económico y Social Transfronterizo que se conoce hasta ahora. El reto es importantísimo, si su cometido es despejar del horizonte las consecuencias socioeconómicas de las colas en empresas y trabajadores. O plantear soluciones a la falta de reconocimiento de los empleados transfronterizos; a las dificultades para desarrollar proyectos comunes entre Gibraltar y su Campo o para buscar salidas al elevado nivel de desempleo en el Campo de Gibraltar buscando nuevas oportunidades conjuntas. Eso sí que es una gran empresa.

 

Los pros y los contras

De la reforma aduanera a la maraña legal para cooperar

La reforma de la Aduana de La Línea es un proyecto de los ministerios de Exteriores, Interior y Hacienda, estimado en más de cinco millones de euros que se realizará en ocho fases y que instalará en La Línea un sistema de carriles similar al de Andorra para evitar colapsar el tráfico mientras se realizan los registros. En la finalización de lo que se conoce como la ‘frontera inteligente’ tienen puestas sus esperanzas muchos empresarios y trabajadores a quienes están perjudicando notablemente las colas. Las obras están aún en fase preliminar, pero se espera que puedan terminarse con el año 2015. En el plano positivo, la empresa de la zona también anota una importante recuperación del turismo en la última campaña de Semana Santa y en La Línea el abono de las ocho nóminas municipales atrasadas que, no obstante, no palían el grave efecto de la falta de consumo de los gibraltareños que han dejado de cruzar la Verja por las colas.

En el ámbito empresarial, las diferencias de legislación y el hecho de que el Peñón no esté en Schengen generan un mayor número de trámites para quienes desean realizar negocios conjuntos. En lo laboral, la reivindicación histórica de los trabajadores que cruzan la Verja, unos 7.000, es la necesidad de que se reconozca su condición transfronteriza como a los españoles que trabajan en otro territorio europeo.

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